Apoyo ante la emergencia de los alquileres. Medio centenar de personas se han unido ya al primer sindicato de inquilinos de Mallorca, entidad “independiente” que echó a andar hace algo más de un mes para ofrecer asesoría y apoyo a arrendatarios en apuros. Sus tres portavoces son también víctimas de desahucios y de las rentas desorbitadas que proliferan en la Mallorca de la burbuja.

María José Ordóñez, Juan Diego Martínez y Romina Ballester decidieron pasar de la queja a la acción hace algo más de un mes, cuando se enrolaron en el primer sindicato de inquilinos de Mallorca. Ejercen como portavoces hasta que se nombre una junta directiva y ofrecen a los recién llegados asesoramiento y la empatía de quien ya ha sufrido un desahucio o vive angustiado por la inminente renovación al alza de un contrato. Saben qué es dejar su casa y adentrarse en la búsqueda de un alquiler asequible, una rareza muy improbable en la Mallorca de la burbuja.

El desahucio de Ordóñez en febrero terminó con cargas policiales. Foto: B. Ramon

“A raíz de mi desahucio decidí dar un paso adelante para ayudar a otras personas que lo están pasando tan mal como lo pasé yo. Es algo que se te queda dentro, fue una gran motivación para meterme en esto”, relata Ordóñez, cuyo desahucio el pasado mes de febrero terminó con la policía cargando contra los activistas de Stop Desnonaments apostados ante su casa para impedir el desalojo.

No fue un desahucio más. Aquellas duras imágenes fueron de pantalla en pantalla, Ordóñez se hundió anímicamente y perdió casa y trabajo. “Ahora estoy viviendo con una amiga, pero mi situación es muy precaria porque me tengo que ir de allí y no tengo trabajo. A raíz de mi desahucio, la empresa me despidió. Se juntó todo: estaba muy mal, iba a trabajar todos los días llorando y la repercusión que tuvo mi caso me sobrepasó”, evoca.

“Tras mi desahucio me despidieron; estaba muy mal y la repercusión que tuvo me sobrepasó”, relata Ordóñez

El sindicato cuenta con medio centenar de afiliados. La cuota vale 36 euros al año -tres al mes- y da derecho a asesorías colectivas de afectados y también consultas profesionales con abogados. Está abierto a todos los inquilinos, también los que a día de hoy no tienen problemas.

“Pagaba 800 euros por un piso diminuto en el que vivíamos tres personas. Pequeño y caro, porque encima me venían más de 200 euros en la factura de la luz. Íbamos muy ahogados, yo sin trabajo y mi pareja cobrando 800 euros. Los números no salían, claro. Al ver que las deudas nos desbordaban tuvimos que irnos del piso”, cuenta Romina Ballester, que a día de hoy vive en una situación más que precaria.

 

 

Juan Diego Martínez no sabe a dónde irá con su pareja y sus dos hijos cuando venza su contrato. “Me dijeron que no me lo renovarían y tuve que ponerme a buscar otro piso, con la mala suerte de que en ese momento también me quedé sin trabajo. Así que ponte a buscar un alquiler, casi todos superiores a los mil euros, sin un trabajo y con dos niños. Y para hacerlo todo más cuesta arriba, más tarde mi mujer también perdió el trabajo. Decidí asesorarme y tratar de asesorar a otros que están en mi situación: familias jóvenes que, como yo, no podemos acceder a un alquiler”, subraya.

Ballester anima a más inquilinos a unirse a un sindicato que pretende seguir el ejemplo de los que ya existen en Madrid y Barcelona, dos ciudades en las que alquilar también se ha convertido en una experiencia angustiosa para muchos residentes.

“Queremos empezar con una asesoría jurídica, pero necesitamos que la gente se involucre. El otro día hablaba con una chica a la que se le acaba el contrato y está desesperada porque se ve en la calle con sus dos niños. Yo le dije que no la pueden echar así como así con dos hijos, aunque tengas un fin de contrato. La gente se cree que está sola, pero no es así, somos muchos y tenemos que unirnos. El sindicato será más fuerte a medida que más inquilinos se unan a nosotros”, destaca Ballester.

“La gente se cree que está sola pero no es así, somos muchos y tenemos que unirnos”, afirma Ballester

Reiteran que son un sindicato “independiente”, ajeno a partidos políticos e ideologías. Tienen una tabla de reivindicaciones entre las que sobresalen poner un tope al precio de los alquileres, la prohibición de los pisos turísticos y el pago de un mes como máximo de fianza. “Cuando entré en mi anterior piso tuve que pagar 3.200 euros y cuando me fui solo me devolvieron mil. Y con eso comimos un mes”, explica Ballester.

En las asesorías colectivas que organizan -se reúnen con frecuencia semanal- los problemas más recurrentes que aparecen son los angustiosos fines de contrato porque, por norma general, van seguidos de una renovación al alza de la renta. La alternativa es rastrear entre cientos de anuncios con precios desorbitados. “El pasado mes todavía se anunciaban pisos por 800 euros, que ya es un alquiler alto. Pero es que ahora miras y no bajan de los 1.000 euros”, lamenta Ordóñez.

Margarita Garrido: “Me alquiló un piso sin ser la propietaria y ahora me acosa para que me vaya”

Margarita Garrido denuncia que sufre acoso inmobiliario para que abandone el piso que habita desde hace un año con su pareja y un amigo de ambos. Enumera todos los padecimientos -físicos y psicológicos- que sufre desde que los teóricos propietarios del inmueble empezaron a hostigarla. Y advierte de que no se moverá de donde está: “Es que no tenemos alternativa, es aguantar o irnos a la calle”, confiesa.

Las cosas se torcieron desde el mismo día en que contactó con una mujer que se presentó como la propietaria de un inmueble de tres habitaciones en Son Gotleu. “Me engañó. Yo entonces no lo sabía, pero en realidad el piso no era suyo”, evoca Garrido. “Nos puso en contacto una conocida. Así que me presenté, me enseñó el piso y me pidió seiscientos euros por él. Yo me negué porque el piso estaba hecho un asco. Quedamos en que le pagaría 350 euros hasta el pasado mes de diciembre y a partir de enero, cuatrocientos. Le dije que habláramos del contrato, pero me contestó que tenía mucha prisa y que ya lo arreglaríamos”, relata la mujer.

Un día un técnico de Gesa se presentó en el edificio y cortó la luz a los tres inquilinos del piso porque estaban “enganchados”. Alguien había manipulado el contador para disfrutar de suministro gratis sin que Garrido tuviera conocimiento de ello, según afirma. Sin contrato, y ahora también sin facturas, los tres ocupantes del piso empezaron a sospechar que había gato encerrado.

Margarita Garrido posa con la denuncia que puso hace un mes contra los supuestos propietarios de piso en el que vive. Fotos: Hugo Gallent

Visita concluyente al Registro

Garrido pidió explicaciones a la presunta casera, a la que seguía pagando la mensualidad. Y acudió al Registro de la propiedad, donde gracias a un simple trámite tuvo la confirmación de que el inmueble tenía otro propietario. “Coincidía el primer apellido, pero no el nombre. Pensamos que el piso puede ser de un familiar. Nunca le hemos visto, puede que incluso esté muerto, pero está claro que de ella no es”, sostiene la víctima.

En el Registro de la propiedad aparece como titular del piso un hombre al que nunca hemos visto.

En diciembre los tres ocupantes del piso decidieron dejar de pagar la renta. Y empezaron “los insultos y amenazas por parte de la supuesta dueña y su hermano”, afirma Garrido. De hecho, el pasado 6 de abril se produjo un incidente que terminó con una denuncia en el juzgado. “La señora que le alquila la vivienda tiene un hermano que se ha personado en varias ocasiones tanto en el domicilio (...) como en su puesto de trabajo, sintiéndose acosada y con miedo, llegando incluso a perseguirla desde su domicilio hasta su puesto de trabajo”, reza el escrito.

Y continúa: “En el día de hoy se ha personado este individuo en la puerta de su domicilio diciéndole: ‘Si no te vas de mi casa, y como no pagas, te voy a matar, ya que esta casa es mi herencia’”.

Garrido admite la imposibilidad de llegar a un entendimiento con sus presuntos caseros, pero también que si no hay propietario, tampoco puede haber orden de desahucio.

“Si el primer día me hubiera hablado claro, yo hubiera elegido entre coger el piso o no. Ahora llevo un año allí como un fantasma”, lamenta esta mujer.

Garrido asegura que esta situación está pasando factura a su salud. Y que, pese a todo, aguantará hasta donde pueda: “No tenemos a dónde ir. Mi marido es albañil y yo no tengo ingresos fijos. No nos moveremos”.

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